Tras la crisis cambiaria, el Gobierno busca avanzar con la
reforma laboral -que ya se encontraba entre las recomendaciones del Fondo
Monetario. A pesar del optimismo oficial, empresas y sindicatos señalan puntos
débiles del proyecto de registración laboral
Superada la crisis cambiaria, el Gobierno busca retomar el
impulso de la reforma laboral. Una de las iniciativas más ambiciosas es la que
apunta a la regularización del empleo no registrado, con la cual las
autoridades buscan registrar hasta 300.000 trabajadores de un total de 6,5
millones en situación irregular.
De esa cifra, 4,5 millones están en negro y 2 millones son
independientes, según cifras oficiales.
La meta fue confirmada por el ministro de Trabajo, Jorge
Triaca, al ser consultado por iProfesional en el marco de una charla organizada
por la Universidad Di Tella, donde ratificó su intención de que el Congreso avance
en el debate del proyecto.
"La expectativa es que haya entre 200.000 y 300.000
beneficiarios de esta medida. Esperamos que sea en el primer año, así
estaríamos incorporando a casi el 5% de los asalariados no registrados",
anticipó Triaca.
La cifra está lejos del millón de personas que se había
propuesto la cartera laboral el año pasado, pero igualmente representa un
desafío para el ministro, que busca avanzar con su plan para combatir la
informalidad y luchar contra la evasión laboral, junto con la modificación del
marco normativo de las relaciones laborales.
El proyecto incluye una reducción de la indemnización por
despido, el fondo de cese laboral y otros cambios importantes.
Por estas horas, sin embargo, la reforma enfrenta obstáculos
en varios frentes. Uno de los principales es la falta de entusiasmo del
empresariado.
En el sector privado, reconocen que hay un amplio
"perdón" por deudas e infracciones y que, de ese modo, se reducirá la
litigiosidad, pero advierten que aun así muchas empresas verán un incremento en
sus costos si se suman al régimen legal, en medio del aumento de tarifas, la
inflación y un deterioro de la actividad.
Las compañías calculan que si por un empleado una firma paga
un salario de $20.000 en negro, esa cifra se duplica al pasar a registrar al
trabajador, ya que la misma debe realizar contribuciones por un valor similar
al de la remuneración.
"Se incluye perdón sobre todo lo que uno pueda
imaginar, pero faltan incentivos: si una Pyme tiene que pasar a alguien en
blanco no le dan los costos", advirtió a iProfesional el abogado de
empresa Julián de Diego.
Pero algunos de los cambios también generan cortocircuitos
con la CGT. Los triunviros Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña acordaron con el
jefe del bloque justicialista del Senado, Miguel Pichetto, respaldar el "blanqueo",
pero se opusieron a la rebaja de las indemnizaciones.
Por ello, el Gobierno avanzará en primer lugar con el
proyecto de prácticas formativas para estudiantes (o nuevas pasantías) y la
agencia técnica de salud.
La principal resistencia se aloja en los gremios duros
encabezados por Pablo Moyano. En medio de 800 cesantías en Cresta Roja, el
camionero advirtió que "la baja de las indemnizaciones va a traer una ola
de despidos" y que su espacio "va a salir a la calle", como lo hizo
en diciembre pasado contra la reforma jubilatoria.
Las tensiones resurgen en plena puja por la renovación de la
conducción de Azopardo, en la que buscan hacer pie con una fórmula conjunta
Pablo Moyano y el bancario Sergio Palazzo.
Por otra parte, el acercamiento de Mauricio Macri al Fondo
Monetario también sumó ruido. El organismo había recomendado en diciembre
pasado hacer modificaciones a la legislación laboral, indemnizaciones,
convenios colectivos, contribuciones patronales y jubilaciones, similares a los
que el Gobierno propone.
Pero Triaca niega que el organismo haya planteado exigencias
en materia laboral. En los últimos días, el funcionario mantuvo un fuerte cruce
al reclamarle a los sindicalistas que "lean el proyecto de ley del que
ellos mismos participaron".
Lo hizo en alusión al hermano menor de la familia,
"Huguito" Moyano, quien fue parte de la redacción del texto
presentado en diciembre, pero que finalmente fue boicoteado por la familia
sindicalista.
En vistas a una mayor conflictividad por la devaluación y la
"aceleración" del ajuste impulsada por el Gobierno, el ministro de
Trabajo inició un acercamiento con el ala dialoguista de la central obrera y,
en paralelo, con el gastronómico Luis Barrionuevo.
La intención es obtener respaldo para las gestiones con el
FMI y desactivar una eventual huelga de la CGT. Esto, en un contexto en el que
Moyano y Palazzo vienen de protagonizar un acto contra el Fondo.
Nuevo régimen
Con el fin declarado de incentivar la formalización, el
proyecto oficial condona deudas por aportes y contribuciones patronales, multas
por infracciones y la extinción de acciones penales para los empleadores que
regularicen la situación de los trabajadores dentro del primer año (360 días)
desde la vigencia de la reglamentación de la ley.
La exención pasará a ser del 100% si el traspaso se realiza
en los primeros seis meses (180 días).
Asimismo se fija un límite de hasta cinco años de aportes
hacia atrás que el Estado le reconocerá al trabajador sobre la base del Salario
Mínimo, Vital y Móvil, que hoy es de $9.500 y en julio será de $10.000.
Los años no declarados no computarán para el cálculo de la
jubilación ni de la indemnización, y para ser "blanqueado" el
trabajador deberá renunciar a efectuar reclamos judiciales por los años sin
aporte. A su vez, las indemnizaciones por falta de registración o registración
irregular ya no beneficiarán al trabajador sino a la ANSES.
La regularización del empleo informal además contribuirá a
incrementar la recaudación del Estado con nuevos aportes y contribuciones.
Una vez registrado, el trabajador pasará a percibir el
salario de convenio, con obra social, ART y aportes jubilatorios, que le
garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile. Del mismo modo, la
seguridad social de los gremios también se vería favorecida.
Las actividades en la mira de Triaca son aquellas con
mayores tasas de informalidad, como construcción (67%), comercio (42%),
gastronomía (44%) y la industria (30%). Según datos del Ministerio de Trabajo,
el 80% de los trabajadores informales se encuentra en Pymes de hasta cinco
empleados.
En cambio, el sector doméstico, que tiene un 75% de empleo
no registrado -cerca de 1,2 millones de empleadas- está excluido del nuevo
régimen. En los últimos días, la AFIP intimó por mail a 650.000 contribuyentes
de altos ingresos a que regularicen a su personal doméstico.
Fuente: Abogados Tucumán
